Derecho de acceso a la información pública

La Constitución Española, la ley de procedimiento administrativo, y las leyes de Transparencia regulan el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública de una administración, ya sea a título individual o en nombre y representación de cualquier persona jurídica.

Con carácter general, la Administración tiene que resolver las solicitudes de acceso a la información en el plazo de un mes, si bien este plazo se puede suspender o ampliar en los supuestos legalmente previstos. En caso de que no reciba una respuesta dentro de este plazo, puede entender estimada su solicitud, con las limitaciones previstas en el artículo 35 de la Ley mencionada.

Si la solicitud se resuelve favorablemente, de manera expresa o por silencio administrativo, el órgano competente tiene que suministrar la información a la persona interesada, preferentemente en el formato en que la haya pedido, en el plazo de treinta días. El acceso a la información pública es gratuito, pero la expedición de copias y la conversión a formatos diferentes del original pueden restar sujetos a una contraprestación económica, la cual no puede exceder el coste de la operación.